Nuevos bríos para la paz

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Liliana Guzmán González

* Esta columna proviene de reflexiones propias y no compromete a la entidad para la cual trabajo.

El proceso de justicia transicional que vive Colombia hoy, resultado del Acuerdo Final de Paz celebrado entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, recibió los aprendizajes de múltiples procesos de pacificación realizados previamente y de los que se tienen registros anteriores a la independencia.

En primer lugar, este proceso de transición no se quedó en el simple reconocimiento de amnistías o indultos para los desmovilizados, sino que previó un cuerpo de tratamientos penales especiales otorgados a los comparecientes, en función de su compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Segundo, el Acuerdo estableció medidas para que los desmovilizados de la extinta guerrilla entregaran sus armas y se reintegraran a la comunidad política a través de la conformación de su propio partido, así como de la participación en elecciones populares y en el Congreso.

Tercero, determinó un sistema de instituciones y medidas cuyo propósito es garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral de los daños y la no repetición de los hechos violentos (el Sistema Integral para la Paz).

Finalmente, y en cuarto lugar, el Acuerdo ofrece una serie de políticas, planes y proyectos que responden a las causas estructurales de la violencia en Colombia y que, en consecuencia, le apuntan a una distribución más equitativa de los recursos -con énfasis en la tierra y el campo-, así como a un cierre y clausura de economías ilegales como el narcotráfico.

Un acuerdo de paz de este tipo no solo contempla beneficios penales para motivar la dejación de armas por parte de los insurgentes, sino que garantiza los derechos de las víctimas y ofrece alternativas de cambio estructural a un Estado agotado por la violencia y, considerado por algunos, un Estado fallido. El Acuerdo de Paz es una verdadera propuesta de reconstrucción posconflicto.

Reconstruir una sociedad después de un conflicto de larga duración implica la realización de un conjunto de actividades que deben responder a las necesidades de la sociedad en concreto. La literatura especializada ha identificado las siguientes: (i) reformas constitucionales, (ii) transformaciones económicas profundas, (iii) fortalecimiento de las instituciones públicas, (iv) reforzamiento del Estado Social de Derecho, (v) cambios en el sistema electoral, (vi) reformas al sector seguridad, (vii) promoción de políticas interculturales que apunten a la despolarización étnica, e (viii) impulso a la educación crítica con miras a crear una cultura de paz.

Este listado es apenas enunciativo y no necesariamente un proceso de reconstrucción posconflicto requiere la ejecución de todas estas medidas. El diseño de actividades encaminadas a reconstruir un conglomerado social depende de las particularidades del mismo, así como de la historia de su propio conflicto.

Concentrémonos, entonces, en señalar las cuatro medidas más innovadoras que trae el Acuerdo de Paz en el contexto colombiano.

1. La reforma rural integral

Esta es una de las apuestas más ambiciosas para responder a una de las causas estructurales del conflicto colombiano: la inequidad en la distribución y el uso de la tierra. El Acuerdo de Paz previó medidas para facilitar el acceso y el uso de las tierras, entre ellas, un fondo de tierras de distribución gratuita, cuyos beneficiarios son los trabajadores agrarios sin tierra o con tierra insuficiente, así como la formalización masiva de pequeñas y medianas propiedades rurales, lo que facilita su utilización tranquila por sus propietarios.

Sin embargo, el corazón de la reforma rural está en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Para ello, se priorizaron zonas de acuerdo con los niveles de pobreza, el grado de afectación derivado del conflicto, las debilidades de las instituciones administrativas y la presencia de economías ilegales. En estas zonas deben implementarse planes para la construcción de infraestructura vial -especialmente vías terciarias-, de riego y drenaje, de electricidad y conectividad; para la prestación de servicios de salud, educación flexible a las necesidades rurales, vivienda y agua potable; y para estimular la producción a través de formas asociativas de economía solidaria, asistencia técnica, subsidios, crédito, mercadeo y formalización laboral.

La ejecución de estos planes mejora la productividad y competitividad del campo, a partir de procesos más solidarios y sostenibles ambientalmente. En todo caso, la implementación de estas medidas debe realizarse en observancia a principios como el apoyo a la mujer rural y el respeto por la propiedad privada.

2. Las medidas para responder al problema de las drogas ilícitas

Como parte de la reforma rural integral, el Acuerdo contempló un capítulo para hacer frente a este flagelo. Previó medidas para contrarrestar la producción y comercialización de drogas ilegales, las cuales incluyen la judicialización efectiva de quienes participen en estas actividades, una estrategia para prevenir el lavado de activos, para controlar la compraventa de insumos relacionados con la producción de narcóticos y para luchar contra la corrupción asociada a este tipo de negocios.

Además, el Acuerdo propuso los denominados planes integrales de sustitución de cultivos -integrados a los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional-, que implican un paquete de atención inmediata a los cultivadores y recolectores (asistencia alimentaria, huertas caseras, entrega de especies menores, proyectos productivos y empleos temporales), la construcción de la infraestructura necesaria para la comercialización de los cultivos sustitutos y para reparar los daños ambientales causados por los cultivos sustituidos.

Asimismo, y de manera sobresaliente, el Acuerdo aborda el consumo de las drogas ilícitas como un problema de salud pública, al que debe responderse a partir de la evidencia y dejando atrás el enfoque punitivo.

3. La participación política

El Acuerdo de Paz incluyó un capítulo de participación política que ofrece mecanismos para garantizar el ejercicio de la oposición. En tal sentido, previeron un estatuto de garantías a la oposición y medidas de seguridad para quienes la ejerzan, como programas de protección para líderes de organizaciones y movimientos sociales.

El Acuerdo también se propuso ampliar la participación brindando garantías a la protesta pacífica, previniendo la estigmatización de personas y asociaciones por sus ideas políticas, impulsando la transparencia en la asignación de pauta oficial, programas de liderazgo para integrantes de partidos y organizaciones de base, una reforma al régimen de la organización electoral y las 16 circunscripciones de paz que se estrenaron este 20 de julio.

Es imposible ignorar el espaldarazo que el Acuerdo le dio a la participación femenina en el debate público. Por ejemplo, fueron previstas campañas de cedulación de mujeres en zonas marginadas y programas para fortalecer sus liderazgos. Una sociedad en la que las mujeres participan activamente es una sociedad más democrática.

4. El Sistema Integral para la Paz

Finalmente y como es bien sabido el Acuerdo de Paz gestó un conjunto de instituciones y medidas dedicadas a garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) son la presencia del Estado Social de Derecho entre las víctimas. Estas entidades se han dedicado, paciente y perseverantemente, a propiciar espacios que permitan a las víctimas reivindicar la dignidad que la violencia les arrebató.

Este sistema funciona y está dando frutos. La JEP está imputando crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en los casos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales, a través de sus primeros autos de determinación de hechos y conductas. La CEV entregó el primer capítulo de su informe final el pasado 28 de junio. Y la UBPD ha identificado un universo de 99.235 personas dadas por desaparecidas, en torno a las cuales adelanta labores de búsqueda y localización.

Técnicamente hablando, el Acuerdo Final es una política de reconstrucción posconflicto que responde a las causas estructurales de la guerra en Colombia y que tienen que ver con la repartición inequitativa de los recursos (especialmente de la tierra), así como con la exclusión del juego político. Además, el acuerdo dio origen a un tejido institucional que recuerda a las víctimas que el Estado Social de Derecho existe y que está en capacidad de protegerlas. Ciertamente, el Acuerdo no fue particularmente discutido en la última contienda electoral y desapareció de los debates, algo que suscita preocupación

Especialmente, porque aún queda un porcentaje importante de compromisos por implementar.

Según el informe de seguimiento presentado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz en junio de 2022, las actividades adelantadas en el marco de la reforma rural fueron principalmente de planeación y no de ejecución. Las protestas del paro nacional ocurridas entre abril y junio de 2021 demostraron las falencias sobre las garantías a la movilización social. Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito tienen grandes retos y aún no se adopta la ruta de atención integral de prevención al consumo. Es prioritario impulsar reparaciones colectivas que permitan articular a la reforma rural integral con el Sistema Integral para la Paz.

Sin embargo, es un nuevo tiempo. Un tiempo en que el Acuerdo de Paz merece ser impulsado con brío por quienes lideran el destino político y económico del país. Mejor aún, es tiempo de dejar atrás las rencillas evidenciadas por el plebiscito del 2016, de tomarnos en serio el Acuerdo y abrazarlo como una propuesta de reconciliación y progreso nacional.

Este artículo fue publicado en La Silla Vacía: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/nuevos-brios-para-la-paz/